La violencia de género es un problema de gran importancia en nuestro país y cuando
se añade el factor extranjería relacionado con dicha violencia aún está poco tratado
por la doctrina y todavía menos en cuanto a la labor e intervención estatal a través
de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la VG o el trabajo de los
abogados especialistas en violencia de género, el Ministerio Fiscal y los Juzgados de
Violencia de Género en la defensa de las víctimas.
La normativa europea1 y la doctrina constitucional han incidido decisivamente
para que el legislador español haya cambiado la normativa respecto a la mujer extranjera,
en relación con las órdenes de expulsión por su condición de estancia irregular
en el país, la denegación a la asistencia jurídica, también por esta condición
de irregularidad, y la vulneración al derecho fundamental a la defensa del artículo 24
de nuestra Constitución.