En este artículo se analiza un supuesto jurisprudencial relativo a un imputado que se niega, bajo asesoramiento de su Letrado, a someterse a una prueba de ADN. Entiende el Tribunal Supremo que, si se hubiera sometido voluntariamente a dicha práctica, se hubiera podido fácilmente demostrar que era infundada la acusación planteada por el Ministerio Fiscal. En la sentencia se asevera que dicha actitud obstructiva resultaba incomprensible y que podía ser interpretada como indicio incriminador a complementar por otros indicios periféricos. Y el autor considera que esta línea jurisprudencial podría generar una inversión de la carga de la prueba, que pudiera desembocar en una crisis del principio de inocencia, pues, al admitir sin trabas aparentes la inversión de la carga de la prueba, se pone en tela de juicio la virtualidad de dicho principio.