La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, contempla un total de 15 medidas diferentes, entre la que los jueces de menores, con un importante margen de discrecionalidad, pueden elegir la más adecuada a las circunstancias de cada menor. De todas ellas sólo cuatro suponen el internamiento continuado de un menor en un centro. Los diversos instrumentos internacionales que abordan la justicia de menores se han esforzado por limitar su privación de libertad al menor número de casos y por el menor tiempo posible. En el presente trabajo se analizan cada una de estas medidas y se aportan datos sobre la forma en que vienen siendo aplicadas en España, en especial la de internamiento en régimen cerrado por ser la única que implica una absoluta privación de libertad, al no permitir que el menor pueda realizar actividades educativas, formativas, laborales o culturales fuera del centro. El análisis de los datos que anualmente publica el Instituto Nacional de Estadística a partir de la información que suministra el del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, permite confirmar que en nuestro país la privación de libertad de menores se aplica como última ratio.