Los avances tecnológicos han penetrado con fuerza en nuestros Juzgados y Tribunales también en el ámbito del proceso, adoptándose planes y programas para que el esquema judicial sea fiable, dando lugar a formas ya anunciadas y reguladas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, y que la Ley 41/2015, de 5 de octubre, ha venido a desarrollar en aras a la necesaria modernización del sistema respetando las normas procesales. Es precisamente de esta adaptación donde han surgido problemas relativos a aspectos formales de la tramitación procesal, que han supuesto una auténtica revolución, transformando la tradicional constancia del papel en expediente electrónico, con las naturales dificultades que se están apreciando. Este trabajo trata de anotar algunos de estos problemas derivados de esta «invasión informática» que afecta a todos los actos procesales, de tal manera que se ha llegado a plantear la presencia de un nuevo derecho procesal.