En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro reconoció inmediatamente la contundente victoria electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por primera vez en más de dieciséis años, se planteó la posibilidad de la convivencia política entre la alianza liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus opositores, y con ella una oportunidad única de resolver la prolongada crisis política por medios pacíficos y democráticos. Sin embargo, el Gobierno ha elegido la confrontación, usando su control del poder judicial y otros poderes del Estado nominalmente autónomos para neutralizar el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. La MUD busca convocar un referendo revocatorio, que la Constitución permite pasada la mitad del mandato de cualquier cargo electo. Teniendo en cuenta las posiciones tomadas, ambas partes tratan muchas de las decisiones de la otra como ilegales e inaplicables. El Gobierno debería desistir de sus esfuerzos por bloquear el referendo, y la comunidad internacional debería insistir en un diálogo oportuno y eficaz con facilitadores aceptables para ambas partes.