La incorporación de España a la Unión Europea en 1985 coincidió con la aparición de una nueva Ley española de aguas que sustituyó a otra anterior decimonónica. La nueva Ley española actualizó muchas instituciones y técnicas demandadas por las necesidades e intereses surgidos en el pasado, ofreciendo así mucha experiencia en esta materia. Sobre ésta ha incidido el derecho de la Unión Europea, inicialmente limitado a imponer medidas protectoras de la salubridad, ampliando luego sus objetivos hacia el buen estado ecológico general de las aguas y, finalmente, mediante la Directiva Marco 2000/60 ha conseguido penetrar e influir en los múltiples aspectos que componen el derecho de las aguas continentales, la protección de las marítimas y el medio ambiente en general, con sus dos técnicas básicas: la Demarcación Hidrográfica y la Planificación Hidrológica.