En el marco de una política general de seguridad pública y, dentro del objetivo principal de la pena privativa de libertad -la reeducacióny reinserción social- el derecho penitenciario se convierte en uno más de los instrumentos jurídicos a disposición del Estado para hacer frente a las amenazas, que para los valores democráticos, provienen del fenómeno radical islámico. Esta circunstancia exige que los mecanismos jurídicos, que conforman la normativa penitenciaria, se utilicen para evitar la potencial peligrosidad del colectivo de reclusos vinculados, directa o indirectamente, a la causa yihadista y, al mismo tiempo, para conseguir el desenganche, de estos reclusos, de los postulados extremistas que les han llevado a prisión y, así conseguir su desistimiento criminal en un futuro.