Resumen: El Artículo 126 de la Constitución Española de 1978, estableció meramente el marco de dependencia funcional de la policía judicial. Ésta depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito, descubrimiento y aseguramiento del delincuente.
En el ámbito jurisdiccional militar, la regulación de la policía judicial viene determinada por una clara subordinación, a la normativa de desarrollo ordinario, suscitándose con ello algunas cuestiones en el ámbito castrense como: la consideración o no de la policía militar como policía judicial, la protección penal castrense de ésta, la incidencia de su dependencia funcional en las actuaciones prejudiciales y su viabilidad como órgano auxiliar de la Administración de Justicia Militar, en los casos de extraterritorialidad.