La experiencia sobre la transposición de directivas de la Unión Europea al ordenamiento nacional español deja mucho que desear. Parece perderse de vista lo que estas peculiares normas comportan y sus límites. Es usual introducir literalmente sus contenidos en nuestras leyes o reglamentos, sin aparente esfuerzo alguno por encajar adecuadamente sus obligaciones de resultado en las características propias del ordenamiento español, cualesquiera que sean las distorsiones que eso provoque. En este trabajo se proponen parámetros que no debían dejar de tenerse en cuenta, y todo se ilustra con un análisis crítico más particular de la transposición de las directivas sobre contratación pública en algunos de sus aspectos, incluida la problemática actual sobre las concesiones de servicios.