Tras la reforma operada en nuestro Código Penal por la LO. 1/2015, de 30 de marzo, los delitos que tradicionalmente se agrupaban bajo la rúbrica unitaria de insolvencias punibles pasaron a tener una regulación dual y diferenciada, al configurarse el nuevo elenco de conductas típicas hoy denominadas frustración de la ejecución. Si el esquema de los delitos concursales, o de las conductas atentatorias contra el crédito, era ya sumamente complejo de entender, el legislador viene a retorcer aún más dicha regulación, con conductas heterogéneas que en ocasiones se solapan entre sí. En este trabajo se ofrece una visión interpretativa de una modalidad concreta de insolvencias punibles: los delitos de bancarrota de los artículos 259 y 259 bis CP, poniendo especial énfasis en su fundamento y orientación político-criminal, el análisis crítico de sus conductas típicas, y las coincidencias y divergencias con otras modalidades ahora denominadas «frustración de la ejecución».