En las dos últimas décadas se ha producido una nueva correlación en las relaciones entre Estado y sociedad. Muchas funciones que se tenían por características del Estado, situadas en su órbita y en la de las Administraciones públicas, se han venido trasladando, de manera ya masiva, a particulares, a la sociedad en definitiva. El Estado que ha perdido así la titularidad sobre funciones y medios debe ahora recomponer su protagonismo reventándose como Estado garante para garantizar la protección de los intereses generales. Un movimiento necesario –o reacción ante la pérdida de protagonismo gestor- será la extensión del Derecho público en el ámbito privado, a toda una serie de relaciones entre particulares. Disponemos ya de experiencias y líneas de proyección del Derecho administrativo que se analizan en el artículo.