En este trabajo se examinan algunas medidas regulatorias y de control a las que se someten las agencias de calificación crediticia, de acuerdo con la reglamentación comunitaria en la materia. El análisis se centra especialmente en la calificación de los títulos de deuda pública emitidos por las autoridades públicas y su repercusión en las decisiones que se adoptan por los inversores en los mercados financieros. Se critica el sistema regulatorio actual porque no puede equiparar, ni en los fines ni en los medios para alcanzarlos, los emisores públicos y los privados, pues los públicos han de velar por los intereses generales y el ejercicio de políticas públicas que conduzcan a mejorar el bienestar, la salud y la igualdad de oportunidades; los privados, en cambio, tratan de obtener el máximo beneficio de sus operaciones.