La Ley de Contratos Públicos lleva ya tres años en vigor, lo que permite un análisis crítico de su aplicación. Aparecen variados problemas: la actuación por medio de formas privadas, los tipos de contratos, los procedimientos de contratación, los criterios de adjudicación, la aplicación a las obras de urbanización y el pago del precio. Asimismo, ha sido objeto de diversas reformas, algunas de ellas muy importantes, en los dos últimos años, 2010 y 2011, de nuevo exigidas por la Unión Europea. Estas reformas se centran en dos cuestiones principales: los recursos precontractual y contractual en materia de contratación administrativa, que van a ser resueltos por los recién creados Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, y la modificación de los contratos administrativos, que se limita de forma significativa.