El presente estudio, tras un breve examen de su evolución constitucional y legislativa, examina los principales problemas que en la actualidad plantea el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. En particular, además de cuestiones específicas como la posición del Ministerio Fiscal en este proceso, expone las dificultades que encuentra el recurrente para obtener una resolución sobre el fondo, debido a la restrictiva interpretación judicial de los requisitos de admisibilidad establecidos por la Ley 29/1998, así como las dilaciones que en ocasiones sufre su tramitación, lejos de los principios de preferencia y sumariedad que han de inspirar su regulación. Como soluciones se proponen la adopción de una forma eminentemente oral, similar a la del procedimiento abreviado, y la introducción de procedimientos específicos allí donde la mayor urgencia de los derechos así lo requiera, aproximando, en cambio, la tutela de los demás a los mecanismos ordinarios. El trabajo se cierra con un vistazo a la incidencia de procedimientos incidentales, como el de medidas cautelares, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión de inconstitucionalidad.