El artículo se refiere al proceso de institucionalización de la televisión y la radio privadas, previo a la Ley General de Comunicación Audiovisual. Analiza la legislación y su contexto económico, y destaca los aspectos de la regulación y de su conflictiva aplicación que han tenido consecuencias negativas para la competencia o el pluralismo informativo. Critica la falta de un modelo global para la ordenación de estos sectores, las deficiencias del régimen jurídico de las sociedades concesionarias, los diversos intentos de ampliar la oferta televisiva, a veces mediante empresas públicas o recién privatizadas, las normas aprobadas para aventajarlas, y otros aspectos importantes como son la legislación sobre los derechos audiovisuales de carácter deportivo y el proceso de transición a la televisión digital terrestre.