La STC 78/2010 anuncia una rectificación en la doctrina constitucional relativa a la cuestión prejudicial comunitaria, denegando el amparo constitucional instado por el Gobierno canario en un caso prácticamente idéntico a otro resuelto favorablemente en la STC 194/2006. Pero ¿cómo se fundamenta el cambio de criterio? En este comentario se indaga el verdadero sentido de tal cambio de doctrina, que en realidad sólo afecta a un supuesto concreto: el planteamiento de la cuestión prejudicial comunitaria por un juez estatal cuando la normativa comunitaria que entienda vulnerada no sea aplicable en un territorio de ese Estado. A tal efecto, se hace un detenido repaso por los pronunciamientos más relevantes en la materia, no sólo de nuestro Tribunal Constitucional, sino también del Tribunal de Justicia.