Las sentencias que el Tribunal Constitucional ha dictado sobre el Estatuto de Cataluña no sólo han resuelto los siete recursos planteados por distintos recurrentes, sino que han fijado significativamente la doctrina del supremo intérprete de la Constitución en aspectos decisivos que contribuyen a perfilar de forma bastante definitiva el alcance del modelo del Estado autonómico. Para empezar, la sentencia establece algo que parece evidente, pero que era necesario ratificar: las competencias que al Estado le reconoce la Constitución no pueden quedar condicionadas por los términos de los Estatutos. Por otra parte, merece destacarse el modo de proceder del Tribunal muy deferente con el Estatuto al considerarlo constitucional en su mayor parte, pero a costa de someterlo, en el fondo, a una intensa reinterpretación que parece que no era la que pretendían algunos de sus autores. Ello puede ser fuente de críticas desde el punto de vista formal, al no haber llevado al fallo las decenas y decenas de interpretaciones que se hacen en sus fundamentos y que exigirán en el futuro leer el Estatuto muy pendientes de la sentencia de 28 de junio de 2010. Finalmente, se analizan las reacciones que ha suscitado la sentencia, especialmente en el ámbito de las fuerzas políticas de Cataluña, y se estudian las consecuencias que puede tener en el proceso futuro de exigencias de reformas constitucionales o estatutarias.