Algunos contenidos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y alguna práctica forense pueden plantear dificultades para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva y la percepción social de tal derecho. En todos los casos analizados, los desequilibrios favorecen a la Administración demandada, que así suma al privilegio posicional de la autotutela algunas ventajas procesales y procedimentales, en mi opinión, no siempre justificadas. El plazo para recurrir, el fuero territorial, el dictamen de peritos, la ejecución de sentencias y la condena en costas en primera o única instancia, son los aspectos en los que este estudio identifica dificultades positivas o jurisprudenciales y respecto de los cuales se proponen posibles soluciones.