El derecho de los ciudadanos a no aportar datos y documentos que obren en poder de cualquier Administración pública es el elemento clave para implantar el nuevo modelo de Administración electrónica. El establecimiento de este derecho en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, determina que las Administraciones tengan la obligación legal de intercambiar y compartir sus datos. Sin embargo, la normativa de protección de datos de carácter personal es muy restrictiva en cuanto al intercambio interadministrativo de datos, lo que está generando dificultades en la plena implantación de la Administración electrónica. El presente artículo establece las reglas interpretativas para proceder al intercambio de datos sin consentimiento del interesado, determinando la necesidad de reformar el marco normativo de la protección de datos y su adaptación al modelo de e-Administración.