Los daños causados por las fuertes riadas y las lluvias torrenciales son causa frecuente de responsabilidad patrimonial de la Administración hidráulica, que, además, se ve obligada a atender un número creciente de solicitudes de ayuda, o de actuación, que otras Administraciones públicas, o los propios particulares, le dirijan ante el riesgo de posibles inundaciones. El presente trabajo analiza la densa y vacilante jurisprudencia surgida en esta materia y, con ella, los elementos estructurales o requisitos básicos para que opere dicha responsabilidad. El alcance del deber de conservación de los cauces que pesa sobre los Organismos de cuenca, las obligaciones de los ribereños en zonas inundables o la incidencia de la intervención de los concesionarios en operaciones de desembalse o en la ejecución de infraestructuras hidráulicas, son algunos de los aspectos tratados en este estudio, que pretende aportar una visión de conjunto y nuevos elementos de reflexión acerca de esta materia.