El artículo analiza el suministro de último recurso (SUR), que es la gran novedad que introduce la Ley 17/2007. Se critica la caracterización de ese tipo de suministro como servicio universal, llegando a la conclusión de que no responde a las características que el servicio universal tiene en el Derecho comunitario, y se teoriza sobre las razones para esa caracterización no conforme con el sentido material de la institución que oculta el sentido de la regulación. Se examinan las consecuencias de configurar la tarifa correspondiente como tarifa mínima cuando la Ley sólo la configuraba como máxima; así como las razones de la designación de los operadores dominantes como suministradores y las dudas acerca de las ventajas y de la función misma del SUR dados los elementos que integran la tarifa.