En el actual contexto de liberalización de los sectores económicos en red (energía, transportes y telecomunicaciones) las actividades directamente conectadas al uso de las infraestructuras tienen carácter regulado para contrarrestar su condición de monopolios naturales. Dentro de las actividades reguladas destaca el segmento del transporte (transmisión a gran escala y distancia de bienes o servicios) por desarrollarse sobre instalaciones unitarias explotadas por una única compañía privada. En el ámbito de la energía se trata de Red Eléctrica de España (titular de la red de alta tensión), ENAGAS (titular de la red básica de gasoductos de alta presión y almacenamientos subterráneos) y la Compañía Logística de Hidrocarburos (titular de la red de oleoductos). El regulador ha investido a estas compañías privadas de funciones de interés general, en cuanto operadores del sistema y gestores de la red en su conjunto, que se añaden a su condición de transportistas. A la vez, estas sociedades son objeto de una regulación singular para garantizar su neutralidad en el ejercicio de sus funciones y su independencia respecto a los operadores del sector. Esta regulación se extiende a sus actividades (que son exclusivas e incompatibles con otras), al régimen de sus bienes (gravados por los derechos de uso de terceros), e incluso al reparto accionarial del capital de esas compañías. Las singularidades compartidas por estas empresas de transporte de energía revelan un novedoso estatuto jurídico, que puede ser extendido a otros sectores, y permiten su catalogación como sociedades reguladas de infraestructuras estratégicas.