En este estudio hemos intentado construir una teoría general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por los daños irrogados a los particulares como consecuencia del funcionamiento anormal de las labores de prevención y extinción de incendios forestales (normalmente por parte de las Comunidades Autónomas). Se ha consultado para ello la doctrina legal del Consejo de Estado y de los Consejos consultivos autonómicos, la jurisprudencia y la doctrina académica, intentando inducir el ámbito objetivo en que sería viable el reconocimiento de dicha responsabilidad. Mientras que la indemnización derivada del funcionamiento normal de los servicios públicos dedicados a estas tareas suele reconocerse sin problemas, la responsabilidad por funcionamiento anormal ha quedado limitada, a veces injustificadamente, sólo para casos flagrantes, extremo éste en el que intentamos avanzar una tesis más progresiva. Se hace especial hincapié, además, en los conceptos de fuerza mayor y antijuridicidad.