La jurisdicción contencioso-administrativa surge con la Revolución Francesa como algo completamente novedoso, cuyas raíces no estaban en los grandes fundamentos históricos en que hasta entonces había arraigado todo el Derecho europeo. Originariamente careció de las características que hoy tiene y que hacen de ella una jurisdicción plena y efectiva. El presente trabajo analiza cómo, de manera simultánea, países como Francia, Alemania, Italia, Portugal y España, a través de sus legislaciones nacionales, han fortalecido su jurisdicción contencioso-administrativa otorgando al juez facultades directas de ejecución forzosa de sus sentencias y amplios poderes para graduar y hasta excluir la ejecutoriedad autoritaria de los actos administrativos. Con ello, el ciudadano ha superado definitivamente su viejo status de administrado pasivo y ha alcanzado la condición de ciudadano que controla a la Administración pública y que es capaz de contender con ella con igualdad de armas.