La correlación de responsabilidades entre el Estado y la sociedad en la prevención y corrección de los riesgos que genera nuestra tecnificada forma de vida provoca una inercia jurídica que hace descansar aspectos esenciales de la determinación, valoración y tratamiento del riesgo en el sector privado. Como resultado de ello, las funciones públicas de establecimiento de la regla de Derecho para determinar que una instalación o producto satisface el nivel de riesgo tolerado, la acreditación de que ello es así y que lo es de forma continuada en el tiempo, y la adopción de medidas en caso de riesgo inminente, son complementadas o incluso protagonizadas directamente por sujetos privados que, en razón de su dominio directo del conocimiento científico-técnico, han desplazado a los poderes públicos de sus funciones policiales tradicionales, relegándolos a un papel de supervisión que básicamente se endereza a garantizar la idoneidad y la objetividad de quienes asumen ahora esas tareas. En este nuevo contexto, el reto del Derecho es reordenar el equilibrio entre los intereses generales y los derechos de los ciudadanos en relación con el conocimiento, valoración y gestión del riesgo, potenciando nuevas garantías jurídicas y adaptándolas allí donde se hace necesario. Ello determina que la orientación del Derecho en este terreno sea la de ser un instrumento más formal y procedimental, pero también más finalista. Las normas procedimentales y de resultado enmarcan un modelo de gestión del riesgo que se vuelve cada vez más autárquico, pues la traslación de funciones y de responsabilidades al sector privado conlleva la asunción in proprium de las consecuencias jurídicas derivadas de su actividad a los nuevos protagonistas de la gestión del riesgo.