La vocación de universalidad del Derecho administrativo ha sido comprobada mediante el Administrative State, que, tras la derrota del liberalismo en el New Deal, implantó, horizontal y verticalmente, principios iuspublicistas en la actuación administrativa norteamericana, dotándole de un componente cualitativo a su eficiencia. En los últimos años, las propuestas de reforma retaron estos principios reavivando la vieja oposición liberal entre política y administración, proponiendo soluciones tecnocráticas llevadas a cabo por «ángeles» redentores de la ineficiencia cuantitativa. La actual crisis económica mundial ha desnudado esta falacia, demostrando la necesidad y vigencia de los principios iuspublicistas, eficaces tanto para refrenar los avances del poder (político y económico) como para lograr la protección del bien común que se proyecta más allá de las fronteras nacionales.