La Directiva Retorno está llamada a convertirse en una de las principales herramientas para la gestión de la migración ilegal, gracias al establecimiento de un marco comunitario de normas básicas y comunes para todos los Estados miembros en materia de retorno de los inmigrantes ilegales. Este marco comunitario recoge las mejores prácticas nacionales en materia de retorno, que respetan los 20 Principios establecidos por el Consejo de Europa en materia de retorno forzado. La Directiva regula las cuestiones claves relativas al retorno: las instituciones jurídicas, el retorno voluntario, las garantías procedimentales, la detención con fines de expulsión, la prohibición de entrada, los derechos humanos básicos. La Directiva ha suscitado grandes críticas debido al riesgo de violación de derechos humanos que se deriva de su aplicación, tal y como ocurre actualmente con la aplicación de las divergentes legislaciones nacionales en la materia. Para evitar que esto ocurra, las instituciones comunitarias y los Estados miembros deberán alcanzar un mayor grado de protección en su régimen común de retorno. Este estudio intenta poner de manifiesto los aspectos positivos de la Directiva teniendo en cuenta las deficiencias existentes en las 27 legislaciones nacionales, pero también identifica los problemas que deberán resolverse cuando se aplique.