En contraste con los valores que orientaron el nacimiento de la justicia juvenil, las reformas practicadas durante las últimas décadas han otorgado preeminencia al delito cometido, relegando la importancia de la madurez en la determinación de la responsabilidad penal de los menores. Dichas modificaciones, cuya materialización ha entrañado una creciente atribución de culpabilidad, han sido justificadas aludiendo a las demandas ciudadanas. Por ello, el presente estudio tiene como objeto explorar la opinión pública acerca de la edad mínima de asunción de la responsabilidad penal. Los resultados alcanzados constatan el respaldo de la población hacia el tratamiento indiferenciado de los adolescentes más mayores, mostrando asimismo una opinión ambivalente hacia la transferencia de cuotas de autonomía en las diversas esferas sociales.

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