Este trabajo aborda cómo, a partir de una interesada categorización del inmigrante como delincuente, el legislador ha extendido al ámbito de los sustitutivos penales y de la ejecución de la pena privativa de libertad figuras propias de la política de extranjería comprometiendo con ello los fines preventivo generales y especiales de la pena así como principios básicos del Derecho penal. Para ello, tras analizar los mecanismos selectivos que incorpora la Ley de Extranjería con el objeto de evitar la entrada y permanencia en España de los extranjeros que tengan antecedentes penales, se estudian las tensiones que esta opción legislativa desencadena al abrirse camino en el ámbito penal, tanto en el proceso, como en la imposición de condenas, y, aunque de una manera más contenida, en la ejecución penal.