La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia sobre la Mujer, supuso un hito importantísimo en nuestro país
para la lucha contra la violencia sobre la mujer y un referente constante en el entorno
europeo.
Con posterioridad a su entrada en vigor, se han dictado la Directiva 2011/99/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Orden Europea de Protección y la Directiva
2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos,
que ya han sido transpuestas por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y por la Ley 4/2015, de 27
de abril, del Estatuto de la Víctima.
Pero, además, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra
la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, hecho en Estambul el 11 de
mayo de 2011, ha sido ratificado por España en abril de 2014.
Todo ello ha repercutido en una mejor protección para las víctimas de violencia de
género a que se refiere la L.O. 1/04 y para otras víctimas de esa violencia por razones
de género no contempladas en aquella. Cuestiones de sumo interés.