Uno de los principales efectos de la crisis de 2009 ha sido la puesta en cuestión de numerosas estructuras públicas en un contexto de recortes presupuestarios. Las defensorías del pueblo autonómicas no han sido una excepción y varias de ellas han sido suprimidas. En este artículo reflexionamos sobre su utilización y pautas de funcionamiento. Los defensores deben responder a un perfil políticamente independiente y ejercer su función de manera eficaz. Destacamos aquí sus fortalezas y debilidades, confirmando que cubren un espacio que ninguna otra institución ocupa, al facilitar un cauce de reclamación gratuito, con escasas limitaciones formales, y amplias posibilidades de influencia en las políticas públicas, en las potestades discrecionales, ámbitos de oportunidad y en la creación normativa.