La Ley 23/2014, de Reconocimiento Mutuo, ha venido a implementar en un único instrumento normativo diversa regulación de la Unión Europea en materia de cooperación jurídica penal y procesal penal. La aplicación de la norma ha revelado la existencia de una serie de cuestiones no reguladas o deficientemente tratadas en la normativa, a las que el operador jurídico debe dar una respuesta fundada en Derecho. Se plantean cuestiones tales como el concepto de residencia de extranjeros y su utilización como motivo de condicionamiento o denegación de la entrega en la OEDE, la ejecución de la condena extranjera por el Juez de lo Penal, la compatibilidad entre la OEDE y la trasmisión de una resolución que impone una pena privativa de libertad, la necesidad de una previa orden de detención nacional que posibilite la posterior emisión de una OEDE y el valor de cosa juzgada de las resoluciones de archivo del Ministerio Fiscal. En este trabajo se ofrece una solución doctrinal y jurisprudencial a estos problemas.