La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha venido únicamente regulando, como medio de investigación tecnológica, la intervención y observación de las comunicaciones telefónicas, pero no por ello lo hizo de forma extensa, más bien parca. Es esta insuficiencia la que provocó la ardua tarea de construcción del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, tratando de elaborar una doctrina garantista con los derechos de los justiciables.
La situación se hacia insostenible y, es por ello, por lo que la LO 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduce la regulación de las medidas de investigación tecnológica, recogiendo en gran parte todo este acervo jurisprudencial. Hemos de congratularnos por ello, aunque se echa en falta un mayor reposo en la regulación.