El Tribunal Constitucional español ha rechazado tradicionalmente declarar su competencia para enjuiciar la validez de la ley nacional desde la perspectiva de su conformidad con el derecho de la Unión Europea, al amparo de una interpretación restrictiva de la doctrina Simmenthal del Tribunal de Justicia. Las jurisdicciones constitucionales de otros Estados miembros, sin embargo, han optado por atribuir a las disposiciones de aquel sistema el carácter de parámetro de constitucionalidad de la ley nacional con pleno respeto del papel del juez ordinario como garante inmediato del derecho de la Unión. En este trabajo se aborda el estudio de las referidas construcciones y se formula una propuesta conclusiva sobre la apertura de nuestra jurisprudencia constitucional en la línea apuntada.