El Convenio de Aarhus de 1998, sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, fue incorporado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, cuyos arts. 22 y 23 regulan la acción popular en asuntos medioambientales. Durante la última década, este instrumento procesal ha sido empleado frecuentemente para llevar ante los tribunales múltiples actos administrativos con incidencia en el medio ambiente: sanciones, concesiones, planes y reglamentos, permisos de investigación e incluso un indulto. De este modo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha podido concretar las principales características de esta acción, cuyo análisis —legal, doctrinal y jurisprudencial— es el objeto del presente trabajo.