Este trabajo trata de analizar las grandes dificultades con las que se encuentran los Tribunales contencioso-administrativos cuando tratan de revisar las decisiones de las Comisiones Reguladoras Independientes (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de la Competencia o Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otras). En el orden de los principios la solución es clara y evidente: son actos administrativos sometidos a la ley y el Derecho (art. 103.1 CE) y, por tanto, justiciables (ya no hay actos políticos). Pero, en la realidad, cuando estas decisiones llegan a los Tribunales se comprueba la extraordinaria dificultad con la que éstos pueden adentrarse en su contenido y someter a juicio el fondo de las mismas. El autor ofrece algunas propuestas sobre la expansión y el desarrollo del Estado de Derecho y la «legalización» de estas decisiones, que hagan posible su control.