Este estudio analiza cómo el movimiento de la denominada better regulation está impactando en España, al hilo de distintas reformas normativas y organizativas, y la posible influencia que puedan tener en el mismo en el futuro algunas líneas jurisprudenciales de control del desarrollo de la potestad reglamentaria. En particular, el trabajo analiza los sistemas de evaluación prospectiva y retrospectiva de las normas reglamentarias, el papel de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, tras la aprobación del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, y de otras unidades surgidas recientemente en las Comunidades Autónomas, como la Dirección General de Calidad Normativa de la Generalidad de Cataluña, así como el impulso que la transposición de la Directiva de Servicios ha de proporcionar a la preocupación de la calidad normativa mediante la evaluación de sus impactos.