La interoperabilidad es el desafío más importante que se plantea a la gestión administrativa en la primera mitad del siglo XXI. Hace posible que los datos situados en un punto de un sistema (por ejemplo, los que contenga un expediente administrativo electrónico confiado a un concreto órgano administrativo) puedan ser utilizados de manera electrónica por el conjunto de dicho sistema (por ejemplo, por todos los órganos de una misma Administración) y cruzarse asimismo por medios electrónicos para su uso por los interesados y por otras entidades públicas y privadas. Para lograr la interoperabilidad existen diferentes soluciones, pudiendo promoverse modelos voluntarios o vinculantes, flexibles o rígidos, centralizados o descentralizados. El autor defiende la necesidad de mantener marcos obligatorios de interoperabilidad al mayor nivel territorial posible, lo cual encuentra serios obstáculos: las tensiones políticas que se desatan cuando un poder público impone un marco obligatorio a entidades infraordenadas, limitando su ámbito de autonomía; y el impacto que repercute sobre la ciudadanía la imposición de prescripciones técnicas vinculantes, que afectan al principio de neutralidad tecnológica y a la libertad de empresa.