A pesar de las expectativas que pudiera generar la lectura de sus respectivos títulos, ni en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ni en su Reglamento de desarrollo encontramos una regulación que acometa la tarea de dar contenido y alcance a la función pública encomendada a la Administración en torno a la integración de las personas inmigrantes. Para llegar a tal afirmación se analizan, a lo largo del estudio, los contenidos de la legislación de extranjería, concluyéndose la necesidad de disponer de una regulación que dote de uniformidad y coherencia a la acción que lleva a cabo la Administración para la integración de los inmigrantes, y que hasta el momento se regula en una normativa caracterizada por su dispersión, diversidad de rango y procedencia, constituyendo la única excepción la representada por la reciente Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de integración de las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana.