El nuevo Código Procesal Contencioso-Administrativo de Costa Rica (Ley núm. 8508, de 24 de abril de 2006, que entró en vigencia el 1 de enero de 2008) es un instrumento legislativo que introduce una serie de innovaciones en la justicia administrativa de ese país para lograr un control plenario y universal de la legalidad de la función administrativa. Asimismo, las herramientas que incorpora ese instrumento legislativo pretenden humanizar, flexibilizar, acelerar y hacer efectiva la justicia administrativa en la tutela de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados frente a los poderes públicos. El objetivo fundamental de esta legislación ha sido su adecuación al paradigma constitucional, suprimiendo privilegios formales de las Administraciones públicas y procurando establecer un proceso simétrico.