El presente estudio se centra en el análisis de la viabilidad de la instauración de un proceso penal regido por el comúnmente denominado «principio de oportunidad» discrecional o reglada, por contraste con el «principio de legalidad», que es el principio nuclear, rector y director del proceso judicial español desde el origen de nuestro constitucionalismo hasta la actualidad.
Y ello mediante la adopción legislativa de tres medidas radicales: en primer lugar, la adjudicación, a los órganos de acusación, de la disposición absoluta del ejercicio de la acción y del mantenimiento de la pretensión, conforme a parámetros discrecionales; en segundo lugar, la «privatización» de la Justicia Penal, mediante la aceptación e, incluso, la fomentación de la transacción penal; y, en último término, la implantación de la mediación penal.