En el presente estudio se analiza una de las formas alternativas al cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas a penados que hayan cometido los hechos por causa de su dependencia al consumo de drogas, alcohol o sustancias análogas. A diferencia de las alternativas ordinarias, este tipo de suspensión adquiere una significación especial en atención al alto impacto criminológico que tiene el consumo de dichas sustancias en la comisión de determinados delitos, sobre todo los de naturaleza patrimonial. Se analiza por tanto la actual regulación del beneficio, destacándose que la tramitación de su concesión no es rápida ni sencilla, pues precisa la acreditación de los requisitos, en ocasiones compleja. Asimismo, se significa la dificultad de cumplimiento y seguimiento del buen éxito de la medida, dada la obligación del penado no sólo de no volver a delinquir durante el plazo de suspensión, sino se culminar o proseguir con éxito con el proceso de deshabituación. Finalmente, se formulan algunas propuestas de lege ferenda y se ponen de relieve los cambios normativos que se proponen por las modifcaciones legislativas en materia sustantiva y procesal actualmente en trámite.