La introducción de la vertiente penal como elemento represor de la lucha contra el dopaje en el deporte por su afectación a la salud de los deportistas se ha consolidado, pese a las dudas y críticas que ha generado. La consecuencia es que el proceso penal se ha convertido en un nuevo instrumento para la proscripción de esta práctica, implicando la utilización de los medios de investigación habituales en la práctica forense penal. El fundamento del presente estudio es analizar la viabilidad de la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas como recurso para la determinación de un delito tipificado en el artículo 361 bis del Código Penal. Una aptitud puesta en duda tras recientes y mediáticas instrucciones penales en la que han sido imputados algunos deportistas de alto nivel, aunque esta incertidumbre puntual no debe eliminar su posibilidad de utilización plenamente legítima, que es la idea que se defiende en estas líneas.