000			01599nab a2200217 i 4500
003			ES-MaBCA
005			20181003124118.0
008			130319b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
022			_a0034-7639
024			_2doi _a10.18042/cepc/rap
040			_aSpMaBN _bspa _cES-MaBCA
100			_915689 _aPons-Portela, Miguel
245			_aLa acción popular en asuntos medioambientales _h[Texto impreso]
260			_aMadrid _bCentro de Estudios Políticos y Constitucionales _c2018
300			_a30 p.
520			_aEl Convenio de Aarhus de 1998, sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, fue incorporado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, cuyos arts. 22 y 23 regulan la acción popular en asuntos medioambientales. Durante la última década, este instrumento procesal ha sido empleado frecuentemente para llevar ante los tribunales múltiples actos administrativos con incidencia en el medio ambiente: sanciones, concesiones, planes y reglamentos, permisos de investigación e incluso un indulto. De este modo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha podido concretar las principales características de esta acción, cuyo análisis —legal, doctrinal y jurisprudencial— es el objeto del presente trabajo.
650		0	_915690 _aTribunales administrativos
650		0	_92738 _aMedio ambiente
773	0		_aRevista de Administración Pública _g. -- N. 206 (mayo.-ag. 2018) p. 179-209 _iEn : _tRevista de Administración Pública _w2351 _x0034-7639
942			_2udc _cAN
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