A pesar de que las políticas de expulsión del territorio nacional han reducido ligeramente el número de internos extranjeros en prisión, el preso y penado inmigrante siguen siendo una realidad a tener en cuenta en nuestros centros penitenciarios. La normativa procesal penal ha incluido la figura del intérprete en su articulado, si bien la redacción concreta resulta criticable respecto a las exigencias técnicas del mismo. El lenguaje jurídico es un metalenguaje técnico con un vocabulario singular y específico que exige conocimientos jurídicos concretos, por lo que será necesaria una específica preparación para que el intérprete pueda realizar su trabajo de manera eficaz. Una situación muy similar se produce en el ámbito penitenciario. Los actuales entornos carcelarios españoles son una suerte de espacios de diversidad cultural y multilingüe. El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las lagunas de reglamentación sobre el papel del intérprete forense en la legislación procesal y penitenciaria y la necesidad de propuestas de mejora para una comunicación más eficaz en el ámbito judicial y en nuestros centros penitenciarios.